Casi 200.000 empresas en riesgo de desaparición: Un panorama alarmante

• El tejido empresarial español enfrenta una grave crisis, con casi 200.000 compañías que han cerrado o están al borde de la desaparición.»
• La productividad laboral en España es un 13,8% más baja que la media europea, lo que evidencia la desconexión entre las políticas laborales y la realidad económica.»
• La reducción de la jornada laboral podría suponer un sobrecoste anual de 15.000 millones de euros para pequeñas y medianas empresas.

El panorama empresarial en España enfrenta una grave crisis. Cerca de 196.000 compañías han cerrado o están al borde de la desaparición. De este total, 129.000 cesaron sus operaciones en el último año, mientras que otras 67.000 se encuentran al límite del concurso de acreedores, un aumento de 46.000 casos respecto al inicio del año. Además, unas 480.000 empresas anticipan cerrar 2024 con pérdidas, y más del 16% padece serios problemas de liquidez, según datos del Barómetro Empresarial de noviembre del Consejo General de los Colegios de Gestores Administrativos.

Fernando Santiago, presidente de esta institución, ha señalado que la productividad laboral en España es un 13,8% más baja que el promedio europeo, un indicador preocupante en un contexto donde las políticas laborales parecen desconectadas de la realidad económica de las empresas. En su opinión, imponer mayores cargas económicas no solo no resolverá los problemas estructurales, sino que podría empeorar la competitividad del tejido empresarial.

Medidas laborales y su impacto en las empresas

Entre las medidas previstas por el Gobierno, Santiago destaca la reducción de la jornada laboral, un nuevo incremento del salario mínimo (SMI), la incorporación de repartidores de plataformas digitales como Glovo, auditorías mediante algoritmos y la reforma de las indemnizaciones por despido. Desde su perspectiva, estas iniciativas podrían agravar la precariedad laboral, ya que los contratos más frágiles, como los a tiempo parcial, fijos discontinuos y temporales, siguen siendo los más frecuentes en el mercado laboral actual.

Asimismo, Santiago critica la falta de diálogo entre el Gobierno y la patronal, una situación que considera perjudicial tanto para las empresas como para los trabajadores. La ausencia de consenso dificulta la implementación de soluciones efectivas para afrontar los desafíos económicos que enfrenta el país.

Empresas frente al reto de la reducción de jornada

La propuesta de reducir la jornada laboral a 37,5 horas semanales genera preocupaciones sobre su impacto económico y operativo en las empresas. Según Fernando Santiago, presidente del Consejo General de los Colegios de Gestores Administrativos, aunque la iniciativa busca un beneficio para los trabajadores, su implementación sin una planificación adecuada podría traer efectos negativos. Los gestores calculan que esta reforma supondría un sobrecoste anual de 15.000 millones de euros para pequeñas y medianas empresas. «Es una cifra alarmante, especialmente considerando que muchas compañías ya enfrentan márgenes ajustados y elevados costos operativos. Aplicar este cambio sin estrategias para incrementar la productividad ni incentivos para facilitar la adaptación podría ser devastador para muchas de ellas», advierte Santiago.

Otro aspecto que inquieta al presidente es el tono utilizado por el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, al advertir que «quien no participe en la negociación pagará el precio». Santiago señala que este enfoque, similar al adoptado en las recientes subidas del salario mínimo (SMI), no favorece un debate constructivo. «El SMI pasó de un incremento propuesto del 4% a un 5% final, con la lógica de sancionar la falta de consenso. Este tipo de discurso no tiene lugar en discusiones tan delicadas como la reducción de jornada. El diálogo social debe centrarse en construir acuerdos sólidos y sostenibles, no en escalar tensiones entre las partes implicadas», concluye.

La clave, según Santiago, radica en buscar un equilibrio entre los intereses de empleadores y trabajadores, asegurando que cualquier cambio sea acompañado de medidas que permitan a las empresas adaptarse sin comprometer su viabilidad económica.

Empresas digitales: el desafío de la sostenibilidad económica

La reciente decisión de Glovo de contratar a sus repartidores, aclamada como un avance hacia la formalización laboral, ha generado interrogantes sobre su sostenibilidad económica en un sector marcado por la intensa competencia global y los estrechos márgenes de beneficio. Fernando Santiago, presidente del Consejo General de los Colegios de Gestores Administrativos, advierte que las plataformas digitales son fuentes de empleo en sectores innovadores, por lo que cualquier regulación debe equilibrar la protección de los derechos laborales con la viabilidad económica de estas empresas. «Si no se encuentra este balance, se corre el riesgo de frenar la inversión en tecnología y la creación de nuevos empleos», señala.

En relación con la propuesta de auditar los algoritmos que determinan las condiciones laborales, Santiago considera que la medida es importante para garantizar transparencia y prevenir abusos, pero destaca que su implementación debe tener en cuenta los costos para las empresas, especialmente las pymes. Estas, que representan el núcleo del tejido empresarial español, podrían verse desbordadas si no se proporcionan apoyos claros para adaptarse a las nuevas regulaciones. Además, subraya la importancia de proteger los secretos industriales durante estas auditorías, evitando comprometer la competitividad de las empresas.

¿Qué dice la reforma?

Respecto a la reforma de las indemnizaciones por despido, diseñada para alinearse con los estándares europeos, Santiago insta a evaluar cuidadosamente su impacto. «Aumentar estas compensaciones sin medidas que reduzcan la segmentación del mercado laboral podría desincentivar la contratación indefinida y perpetuar la inestabilidad laboral. Es crucial adoptar una perspectiva integral que no agrave la situación de los empresarios en un contexto de márgenes ajustados», advierte.

Por último, la revisión del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) también presenta retos significativos. Desde 2018, el SMI ha experimentado un incremento del 54%, pasando de 736 euros a 1.134 euros brutos mensuales en 2024. Aunque esta subida ha contribuido a disminuir la desigualdad salarial, también ha generado tensiones en sectores de baja productividad. Santiago cree que la solución no radica únicamente en nuevos incrementos, sino en complementar estas medidas con políticas que impulsen la formación, la competitividad y la adopción de tecnología para que las empresas puedan adaptarse a las demandas actuales.

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