¡Tensión máxima! Mapfre también abandona las mutualidades de jueces, fiscales y empleados de la Administración de Justicia

• Mapfre ha decidido no participar en el nuevo convenio 2025-2026 de Mugeju.
• En Muface, que cubre a 1,49 millones de funcionarios de distintos sectores, la situación es aún más grave.
• El Gobierno ha lanzado una licitación exprés que elevaría las primas hasta un 24% para atraer de nuevo a las aseguradoras.

La tensión en el sistema de mutualidades de asistencia sanitaria para funcionarios en España ha alcanzado niveles críticos. Mapfre, la aseguradora más grande del país, ha decidido no participar en el nuevo convenio 2025-2026 de Mugeju (Mutualidad General Judicial), que gestiona la atención médica de jueces, fiscales y otros empleados del sector judicial. Sanitas ha tomado una decisión similar, lo que ha dejado a Mugeju con solo tres aseguradoras disponibles: Adeslas, Asisa y Nueva Mutua Sanitaria. 

Este movimiento subraya la precariedad en el modelo de atención sanitaria para funcionarios, que parece no satisfacer económicamente a las aseguradoras participantes.

Salida de Mapfre por insuficiente compensación económica

La decisión de Mapfre de abandonar Mugeju se basa en la insuficiencia de la compensación económica ofrecida por el gobierno. Según fuentes de la compañía, la oferta de mejora en las condiciones financieras no es suficiente para subsanar lo que describen como una «infrafinanciación crónica». Los técnicos de la aseguradora han evaluado que, aunque el gobierno propuso un incremento del 11,73% en las primas, esta cifra resulta insuficiente para cubrir los costos de atención médica en un contexto de aumento de precios en el sector sanitario.

En Muface (Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado), que cubre a 1,49 millones de funcionarios de distintos sectores, la situación es aún más grave. Las tres aseguradoras principales —Adeslas, Asisa y DKV— decidieron no presentarse al nuevo concierto, lo que deja a esta mutualidad sin aseguradoras por primera vez en sus 50 años de historia. Las pérdidas acumuladas en los últimos tres años, que rondan los 600 millones de euros entre las aseguradoras, han sido el detonante de esta decisión.

Para intentar revertir esta situación, el Gobierno ha lanzado una licitación exprés que elevaría las primas hasta un 24%, con el objetivo de atraer de nuevo a las aseguradoras. No obstante, aún no se sabe si este aumento será suficiente para convencer a las empresas de regresar al convenio. En el caso de que no se llegue a un acuerdo, el gobierno evalúa una prórroga obligatoria del servicio. Esta medida sería implementada como último recurso.

Impacto en los funcionarios y acciones sindicales

La salida de estas aseguradoras plantea un desafío importante para los funcionarios, quienes ahora tendrán menos opciones de centros médicos disponibles y enfrentan incertidumbre respecto a su atención sanitaria habitual. En Mugeju, los más de 90.000 beneficiarios —entre titulares y familiares— contarán únicamente con tres aseguradoras. En Muface, la ausencia de aseguradoras podría obligar a los funcionarios a optar por el sistema sanitario público en el corto plazo si no se resuelve la situación.

Ante esta crisis, los sindicatos de funcionarios, liderados por CSIF, han convocado movilizaciones para comenzar a negociar la mejora de las condiciones laborales y salariales. Se espera que se realicen concentraciones frente al Ministerio de Hacienda en Madrid y en las subdelegaciones gubernamentales en otras provincias de España que continuaran este próximo 16 de noviembre. El sindicato exige al Gobierno una solución inmediata para salvaguardar el actual modelo de Muface y advierte que, de no lograrse, se podrían convocar huelgas.

Desde el Ministerio de Función Pública, las autoridades han tratado de calmar la inquietud entre los empleados, expresando confianza en que se logrará un acuerdo para evitar una interrupción en la cobertura sanitaria. A pesar de estos esfuerzos, la incertidumbre persiste. Muchos funcionarios temen perder el acceso a los centros médicos que han utilizado durante años, en los cuales tienen plena confianza.

La situación en las mutualidades de funcionarios deja patente un problema de fondo en la financiación de los servicios sanitarios en el sector público. Este modelo, vigente desde 1975, enfrenta hoy un reto crítico para mantenerse viable y continuar ofreciendo un servicio de calidad. La negociación entre el Gobierno y las aseguradoras como Mapfre sigue en marcha. Sin embargo, el desenlace aún es incierto, y el tiempo corre para los miles de funcionarios que dependen de este sistema para su salud y la de sus familias.

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