¡Alerta! La AOP hace contundente advertencia a España

• La AOP advierte que el impuesto afectaría la competitividad del sector energético en España.
• La permanencia del impuesto podría poner en riesgo las inversiones proyectadas  superiores a los 16.000 millones de euros hasta 2030.
• La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha señalado que el Gobierno buscará mantener el impuesto.

La Asociación Española de Operadores de Productos Petrolíferos (AOP), que representa a las grandes petroleras como Repsol, Cepsa, BP y Galp, ha lanzado una contundente advertencia: hacer permanente el impuesto a las energéticas podría ahuyentar inversiones clave para el futuro económico y energético de España. 

El gravamen, que actualmente tiene carácter temporal y expira el 31 de diciembre, ha sido motivo de controversia en el sector.

Un golpe a la competitividad y la transición energética

La AOP sostiene que extender el impuesto afectaría la competitividad del sector energético en España. Según la asociación, convertir el gravamen en permanente colocaría al país en una posición desventajosa dentro de la Unión Europea, ya que sería el único Estado de los 27 con una medida de este tipo. Esto, según advierten, perjudicaría la competitividad de un sector que ya enfrenta una elevada carga fiscal.

Además, la asociación ha señalado que la incertidumbre fiscal y la falta de estabilidad regulatoria podrían frenar la transición energética. Las empresas del sector han proyectado inversiones superiores a los 16.000 millones de euros hasta 2030 para avanzar en la descarbonización, pero la permanencia del impuesto podría poner en riesgo esos planes.

La AOP considera que este escenario impactaría negativamente en el desarrollo de combustibles renovables y del hidrógeno verde, elementos clave para cumplir los objetivos del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC).

La postura de la AOP frente a la medida del Gobierno

Según la AOP, la permanencia del impuesto dañaría la reputación de España como destino de inversiones, afectando la percepción de la “Marca España” entre inversores internacionales. “Establecer un impuesto adicional al sector energético resultaría injustificado, discriminatorio y económicamente contraproducente”, afirmó la asociación en su comunicado disponible en su sitio web.

La organización citó informes del Fondo Monetario Internacional (FMI) y la Comisión Europea que destacan que la situación actual del sector energético no es la misma que durante la crisis de precios en 2022.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha respondido asegurando que el Gobierno buscará mantener el impuesto. “Es una figura tributaria que cumple muy bien con su función. Ahora le queremos dar una mayor continuidad.Ojalá podamos conseguir los apoyos necesarios para darle mayor continuidad”, ha señalado Montero.

¿Qué está en juego? El futuro de la inversión energética en España

El debate sobre este impuesto va más allá de la política fiscal: afecta directamente al futuro de las inversiones en energía sostenible en España. Las grandes petroleras advierten que mantener la carga fiscal podría llevar a las empresas a replantearse sus inversiones, optando por destinos más competitivos como Portugal. La AOP alertó que la estabilidad regulatoria es fundamental para atraer proyectos de energía renovable, una de las piezas clave en la transición hacia un futuro más limpio.

La situación en España también podría afectar la competitividad de la Unión Europea. Un reciente Informe Draghi advierte que la UE ya está rezagada en cuanto a costos energéticos en comparación con Estados Unidos y China, en parte debido a los impuestos, señalan desde la agencia EFE.

Además, tanto el Fondo Monetario Internacional (FMI) como la Comisión Europea han señalado que este tipo de gravámenes deben ser temporales y limitados. Según explican, las empresas del sector energético se encuentran en una situación distinta a la vivida durante la crisis de precios en 2022, derivada de la guerra en Ucrania.

¿Podrá el Gobierno español avanzar con esta propuesta sin afectar gravemente a la industria y la economía? La respuesta podría costarle caro a la reputación de España en el mercado internacional.

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