El Gobierno amplía el escudo ‘antiopas’ hasta 2026: ¿Qué significa para las empresas españolas?

• El escudo ‘antiopas’ fue aprobado originalmente en el Real Decreto-Ley 34/2020, durante la pandemia.
• El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, destacó que es crucial mantener la protección de sectores clave para la seguridad, la salud y el orden público.
• Según los datos publicados por el Registro de Inversiones Exteriores, la inversión extranjera en España alcanzó los 28.215 millones de euros en 2023.

El Consejo de Ministros aprobó este lunes la prórroga del escudo ‘antiopas’, un mecanismo clave para la protección de las empresas españolas consideradas estratégicas. Esta medida, que iba a caducar el 31 de diciembre de 2024, se extenderá hasta el 31 de diciembre de 2026, según informó el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa. Con esta decisión, el Gobierno busca reforzar la supervisión sobre las operaciones de adquisición de empresas estratégicas, tanto cotizadas como no cotizadas, que superen ciertos umbrales de inversión.

Escudo ‘antiopa’s: Un blindaje que protege la industria nacional

El escudo ‘antiopas’ fue aprobado originalmente en el Real Decreto-Ley 34/2020, durante la pandemia, con el objetivo de proteger a las empresas clave para la economía española frente a las compras extranjeras que pudieran poner en riesgo su seguridad o intereses estratégicos. Este mecanismo permite al Ejecutivo bloquear operaciones de adquisición de empresas españolas si un inversor extranjero pretende adquirir más del 10% de su capital o realizar una inversión superior a 500 millones de euros en empresas no cotizadas.

El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, destacó recientemente que, se ha logrado un aumento de la inversión extranjera en España. Sin embargo, es crucial mantener la protección de sectores clave para la seguridad, la salud y el orden público. Cuerpo afirmó que la medida «es compatible con atraer inversión y proteger los intereses nacionales».

Una única operación vetada y otras intervenidas

Hasta la fecha, el escudo ‘antiopas’ ha sido utilizado en una única ocasión para bloquear la adquisición del fabricante de trenes Talgo por parte del consorcio húngaro Ganz-MaVag por 619 millones de euros. El Gobierno alegó razones de seguridad nacional para vetar la operación. Este caso sigue siendo polémico, ya que el consorcio húngaro ha anunciado su intención de llevar el asunto a los tribunales para revocar el veto.

En otros casos, el Gobierno ha intervenido sin llegar a bloquear completamente las operaciones. Un ejemplo es la entrada de la empresa saudí STC (Saudi Telecom Company) en el capital de Telefónica. El Gobierno estudió la operación durante meses y, aunque inicialmente mostró preocupación, finalmente autorizó la entrada de los saudíes a cambio de ciertas condiciones que garantizaban la «españolidad» de la compañía.

El Gobierno refuerza la normativa de inversión extranjera

A lo largo de 2023, el Ejecutivo introdujo modificaciones a la normativa de inversión extranjera para adaptarla a nuevos sectores estratégicos, como la Inteligencia Artificial (IA) y los semiconductores. Además, se redujeron los plazos de resolución de solicitudes de seis a tres meses, lo que agiliza la respuesta del Gobierno a posibles adquisiciones extranjeras.

Según los datos publicados por el Registro de Inversiones Exteriores, la inversión extranjera en España alcanzó los 28.215 millones de euros en 2023. Las cifras destacaron especialmente los proyectos dirigidos a aumentar la capacidad productiva y el empleo. El 28,9% de esta inversión procedió de Estados Unidos, seguido por Reino Unido con el 13,1%.

¿Qué pasa con las inversiones en sectores clave?

El escudo ‘antiopas’ también se está utilizando en la actualidad para analizar la posible venta de la empresa Uvesa, el segundo mayor productor de pollos de España, a la firma ucraniana MHP. Esta operación, valorada en 200 millones de euros, está siendo evaluada bajo el marco de la protección de sectores estratégicos. Lo anterior dada la condición de Ucrania como país extracomunitario.

El régimen de este blindaje se aplica a inversiones extranjeras realizadas por residentes de países fuera de la Unión Europea (UE) y la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC). También a aquellas inversiones cuyo control real se ejerza desde fuera de estos territorios. Con la prórroga, el Gobierno busca mantener un equilibrio entre proteger a las empresas clave y continuar atrayendo inversión internacional.

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